
En los primeros seis meses del año se realizaron diversas actividades de los fabricantes junto a las divisiones de delitos informáticos de la Policía Federal Argentina, de las policías provinciales y del Poder Judicial.
En este juego entró la Business Software Alliance (BSA), una entidad mundial al estilo de Software Legal, que presentó a principios de 2009 su portal www.bastadepirateria.com, habilitado para realizar “denuncias confidenciales sobre uso ilegal de programas de software en empresas”.
En lo que va del año se recibió un total de 58 denuncias anónimas sobre violaciones a los derechos de propiedad del software. La Argentina ocupa el tercer puesto en América latina entre aquellos países que más denuncias de piratería de software recibieron, y sólo es superado por México y Brasil, con 104 y 78 denuncias respectivamente.
“El objetivo de www.bastadepirateria.com es fomentar la legalidad y, de manera sencilla, permitir que los ciudadanos conscientes del valor social que tiene el respeto a la ley puedan reportar casos de delitos relacionados con la propiedad intelectual del software. La piratería es un problema social y económico que nos afecta a todos los ciudadanos al generar pérdidas económicas, reducir las posibilidades de generación de empleos, impuestos, creatividad e innovación en nuestro país”, explicó María de Monserrat Guitart Piguillém, asesora legal y una de las voceras de los miembros de BSA en la Argentina.
Los miembros de la BSA en América latina incluyen a empresas como Adobe, Apple, Attachmate, Autodesk, Corel, McAfee, Microsoft, Quark, Sybase y Symantec.
Pero no sólo de denuncias anónimas vive esta ofensiva: Durante el primer semestre del año, se realizaron operativos policiales y judiciales contra la piratería de software.
En los primeros 6 meses del año 2009, se llevaron a cabo 28 allanamientos en búsqueda de software ilegal en comercios dedicados la venta de computadoras: diez se desarrollaron en la Capital Federal, diez en la provincia de Buenos Aires (dos en Mar del Plata, uno en Martínez, cinco en Lomas de Zamora y dos en Vicente López); dos en la ciudad de Córdoba, dos en la ciudad de Mendoza y tres en Santa Fe (uno en Rosario, otro en la ciudad de Santa Fe y otro en Santo Tomé).
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En estos seis meses, y contabilizando la totalidad de los allanamientos efectuados a comercios de armado y venta de computadoras, se secuestraron más de 420 computadoras con software pirata pre-instalado y 980 discos con copias ilegales de software, alcanzando un valor total de 3.385.200 pesos. Durante el año 2008, se realizaron 46 allanamientos en todo el territorio argentino.
Estas actividades derivaron en el procesamiento de 18 personas en el primer trimestre de este año por ser consideradas prima facie responsable del delito de defraudación contra la propiedad intelectual: 6 en Córdoba, 8 en la Capital Federal y 4 en la provincia de Buenos Aires. Otras cinco fueron condenadas a cumplir tareas comunitarias y a indemnizar a los titulares de la propiedad intelectual.
También fueron realizadas, por orden de la justicia civil, 72 diligencias probatorias destinadas a constatar el posible uso de software ilegal en las instalaciones de empresas del rubro pesquero, agropecuario, inmobiliario, de la construcción, financiero, de corredores de cereales y de autopartes, ubicadas en las ciudades de Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, Buenos Aires, Santa Fe y Rosario.
Durante estas diligencias se constataron más de 600 computadoras con software sin licenciar, generando indemnizaciones que deberán afrontar los usuarios ilegales, y que en su conjunto superan ampliamente el millón de pesos.
Contexto legal
En la Argentina, la violación a la Ley 11.723, establece sanciones penales y atribuye responsabilidad civil a quienes infringen los derechos de los creadores de software.
Penalmente, la copia o uso no licenciado del software se castiga con penas de prisión que pueden llegar hasta a 6 años de prisión, igualándolo al delito de estafa o defraudación, mientras que civilmente, prevé la indemnización del daño económico llevado a cabo, así como la prohibición de continuar utilizando el software pirata. En el ámbito civil, el daño provocado al autor por la utilización indebida del software o la copia no autorizada, genera la obligación de indemnizar. En la Argentina el 73% de los programas de software instalados son ilegales según la última medición de la consultora IDC, citada desde Software Legal.
Cartas informáticas
Pero el panorama sumó un condimento singular: empresas pequeñas de la Capital Federal comenzaron a recibir desde hace algunos meses intimaciones de Software Legal, enviadas a través de la base de datos de la organización Veraz, dedicada a la verificación del estado deudor de organizaciones y particulares. En la carta, se reclama a las compañías que informen a un inspector de Software Legal el estado de las licencias de los programas informáticos que utilizan en sus computadoras.
Las cartas de Software Legal solicitan permiso para auditar las licencias de los programas, bajo amenazas de iniciar acciones legales. |